5. abr., 2018

ADAP se pronuncia ante suspensión de licitación de Convenio Marco

La Asociación de Distribuidores de Autos de Panamá (ADAP), que contribuye con el desarrollo económico del país, a través de la distribución y venta responsable de automóviles a nivel nacional, fija su posición con relación a la suspensión del acto administrativo para la aprobación del nuevo Convenio Marco, que establece el suministro de Vehículos, Buses, Camiones y Equipos para las entidades del Estado, cuyo monto global alcanza los 35 millones de balboas.

En aras de satisfacer las necesidades del Estado en cuanto a calidad y servicios de los bienes que ofertan sus proveedores, es imperativo exigir que éstos cumplan con requisitos de calidad, respaldo y garantía.

El tiempo establecido de diez (10) años, de comercialización de una marca en el mercado panameño, que ha sido solicitado en los últimos años, en los procesos de licitación en los Convenios Marco, al igual que los dos (2) años, de representación del distribuidor autorizado con el fabricante; representan una garantía de asegurar que los vehículos adquiridos cuenten con una sólida trayectoria, reputación, experiencia de atención y una probada red de distribución que garantice el suministro de piezas, mantenimiento y respaldo del vehículo.

En las reuniones del proceso de homologación participaron más de 20 empresas con marcas de diferentes países de origen, las cuales, podían participar del proceso cumpliendo con todos los requisitos establecidos, por lo cual no podemos hablar de un proceso de discriminación.

Las diferentes empresas que por meses participaron en las reuniones de homologación, estuvieron de acuerdo con los términos y condiciones definidos en el pliego, por lo que sorprende que una vez logrado un consenso dentro del proceso de homologación, se haya admitido el reclamo que busca favorecer a empresas que no tienen la experiencia ni el respaldo necesario en el mercado.

En la actualidad, el Convenio Marco que se implementa cuenta con dos años de haber terminado su vigencia. Por esta razón, instamos a las autoridades correspondientes a evaluar el alcance de lo planteado y a exigir las mejores condiciones de contratación, lo cual podría terminar siendo un negocio muy costoso para el Estado al adquirir marcas que no cuentan con la trayectoria, garantía ni mantenimiento en el mercado panameño.