27. sep., 2018

CAMIPA se pronuncia sobre Fallo de la Corte Suprema de la Ley 9 de 26 de febrero de 1977

  COMUNICADO AL PAÍS  
 
CAMIPA se pronuncia al respecto del Fallo de la Corte Suprema sobre la Ley 9 de 26 de febrero de 1977 que aprueba el contrato entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A. 
 
La Cámara Minera de Panamá expresa ante la opinión pública nacional su profunda preocupación ante los graves efectos que podría causar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional el Contrato Ley No 9 de 25 de febrero de 1997, Contrato que además de amparar las operaciones que efectuó la empresa Petaquilla Gold, constituye también el sustento legal del proyecto minero Cobre Panamá en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón.  
 
Este último, está en su fase final de construcción y debería entrar en producción el próximo año 2019, luego de haberse invertido por parte de su propietaria First Quantum Minerals Ltd., la suma de 6,400 millones de dólares, siendo esta la más grande inversión en la historia del país, tanto en el ámbito público como privado. 
 
Ante las posibles consecuencias que este fallo implicaría para el país tanto en el ámbito social, económico, ambiental y en materia del respeto a la seguridad jurídica e institucional, consideramos que la opinión pública debe conocer los detalles que enumeramos a continuación: 
Requisito de Licitación. 
 
1. El Código de Recursos Minerales, vigente desde el 22 de agosto de 1963, establece en su Artículo 122 que “Son de utilidad pública y de interés social las operaciones mineras.”, inspirado esto en lo establecido en el Artículo 259 de la Constitución vigente. 
 
2. Entre los años 1968 y 1972, el Estado Panameño y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ejecutan estudios de exploración, sobre las áreas de Petaquilla, Botija y Río del Medio, donde actualmente se adelanta el proyecto Cobre Panamá. 
 
3. Mediante el Decreto 267 de 21 de agosto de 1969, se establece un régimen jurídico especial para el otorgamiento de concesiones mineras en estas áreas declaradas reserva en base a lo establecido en el Artículo 32 del Código de Recursos Minerales. 
 
4. Mediante Concurso de Ofertas en el año de 1973, el Órgano Ejecutivo adjudica al Consorcio de empresas japonesas Mitsui Mining, Dowa Mining Y Mitsubishi Metal Contrato de Exploración del 22 de agosto de 1973.
 
 5. Al ser dadas en concesión de exploración al consorcio japonés, estas áreas quedan incorporadas de pleno derecho al régimen de concesiones mineras del Código de Recursos Minerales, y el otorgamiento de futuras concesiones se debe basar en el marco que para tal efecto establece el Código de Recursos Minerales, y no el decreto 267 de 1969.
 
 6. Posteriormente (1981), el Consorcio japonés desiste de sus derechos de exploración.  De manera automática (Artículo 30 del Código de Recursos Minerales) estas áreas se convierten en reservas, sujetas a incorporación al régimen de concesiones, según establece el Código de Recursos Minerales. 
 
7. En 1991 la reserva es levantada en base a lo establecido por el Código de Recursos Minerales y es adjudicada en Concesión de Exploración a Georecursos Internacional, S.A. 
 
8. Basados en el Artículo 21 del Código de Recursos Minerales, Georecursos subroga sus derechos de Concesión a Minera Petaquilla y se celebra el Contrato de Concesión de Extracción enmarcado en la Ley 9 de 26 de febrero de 1997. 
 
9. Este argumento de fondo utilizado para declarar inconstitucional el Contrato Ley 9, no tiene validez alguna, toda vez que el régimen especial de contratación establecido por el Decreto 267 de 1969, deja de ser aplicable una vez la zona pasa al régimen de concesiones mineras, como sucedió con el otorgamiento de la Concesión de exploración al Consorcio Japonés en 1973.  
Otras Normas Constitucionales.
 
10. Al respecto del resto de normas constitucionales que se consideran infringidas, estamos de acuerdo con las opiniones vertidas por la Procuraduría General de la Nación que señalan que el Contrato Ley 9 es un acto administrativo. No se consultó a la Procuraduría de la Administración, entidad que es la llamada a opinar precisamente en el caso de actos administrativos del estado. 
      
11. Las afectaciones y daños futuros en materia ambiental social y de interés público que se argumentan en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta hace 10 años, no concuerdan con la realidad actual existente. 
 
12. No se entra a valorar la situación actual y la verdadera incidencia del proyecto, sino que se consideran válidos supuestos sobre futuras afectaciones argumentadas en la demanda, argumentos que la realidad actual se ha encargado de desvirtuar. 
¿Que está en riesgo? 
 
13. En materia ambiental, se ejecutan gran cantidad de planes de restauración conservación de especies vegetales y animales, programas de reforestación a nivel nacional y local, programas de agroforestería y de agricultura sostenible que representan una inversión de mas de 30 millones de dólares. 
 
14. El proyecto genera programas de salud, educación, inversión en capital humano a nivel nacional y de las comunidades locales, programas de agricultura sostenible, desarrollo de proveedores locales y nacionales que suman en total alrededor de 500 actualmente y muchos otros programas sociales ejecutados en el entorno donde opera.  Actualmente más de 9,500 trabajadores panameños laboran en el proyecto.
 
15. Aporte económico del 4% del producto interno bruto nacional una vez en operación a toda capacidad, exportando alrededor de 2,000 millones de dólares anuales en metales.  Aparte de ello, el proyecto genera entradas tributarias al gobierno y municipios del entorno donde opera en concepto de impuestos, tasas por permisos de construcción y las regalías mineras.  
 
 16. El Estudio de Impacto Ambiental y Social del proyecto generó múltiples compromisos ambientales y sociales que se extienden más allá de la huella del proyecto impactando positivamente una zona que, si bien es cierto es parte del Corredor Biológico Mesoamericano, nunca se vio beneficiada por la ejecución de planes de manejo y conservación ambiental.  
 
Situaciones como estas atentan contra la libre empresa y afectan de manera irreversible la confianza de los inversionistas en Panamá, pudiendo llevar a una fuga y desaliento de la inversión extranjera, con el consecuente impacto en el crecimiento económico del país y de la economía futura. 
 
Estamos confiados que se encontrarán las vías de solución orientadas a que el proyecto siga contribuyendo eficazmente al desarrollo sostenible, generando crecimiento con integración social y respeto al patrimonio ambiental a través de su inserción virtuosa e inclusiva, generando resultados de beneficio compartido y desarrollo autónomo de largo plazo en las comunidades y el país en general. 
 
Dado en la Ciudad de Panamá a los 25 días del mes de septiembre de 2018.      
 
Alfredo Burgos 
Presidente