16. oct., 2019

Asamblea Nacional aprueba en primer debate proyecto de ley que ratifica Acuerdo de Escazú

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate, el proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental vinculante que tiene que ver con acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia.

El Acuerdo de Escazú fue suscrito por Panamá y luego de ser aprobado por el Órgano Ejecutivo, se presentó a la Asamblea Nacional por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su propósito es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

De igual manera, este acuerdo regional procura la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación para contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Luisa Arauz, asesora legal del Despacho Superior del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) hizo la presentación del proyecto ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional y resaltó que se trata de un tratado pionero en estos temas; sino que “contiene disposiciones innovadoras producto del consenso regional que se dio durante la negociación de este tratado”.

Agregó Arauz que es el primer tratado ambiental del mundo que garantiza protección a los activistas y defensores del ambiente. Establece que los estados deben crear un entorno propicio y seguro para que estas personas desarrollen este trabajo en pro de la democracia ambiental”.

En la sustentación del proyecto de ley, la asesora Arauz expresó que el tratado fue el producto de una negociación de más de cinco años en que participó la sociedad civil de todo el continente, incluido Panamá.

En su contenido, el tratado determina que “los países firmantes se comprometen a garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que esté en su poder o custodia, facilitando en particular el acceso de personas o grupos en situación de vulnerabilidad”.

 El acuerdo se origina como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en 2012, y la Decisión de Santiago adoptada en 2014 por 24 países. Ha sido suscrito por 21 países y ratificado por seis naciones (Bolivia, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay).