15. dic., 2020

Defensoría del Pueblo hace llamado al diálogo

La Defensoría del Pueblo, como institución garante de los derechos humanos, rechaza categóricamente los actos vandálicos, que ha sido objeto la empresa AES Corporation durante la madrugada de hoy, los cuales han afectado el normal funcionamiento de la planta hidroeléctrica y dejando en riesgo la seguridad de los colaboradores, así lo dio a conocer en conferencia de prensa Eduardo Leblanc González, Defensor del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo desde el 2009, ha sido garante del acuerdo firmado entre las comunidades afectadas por el proyecto Chan I, autoridades de gobierno y la empresa AES Corporation. En este sentido, desde el pasado 9 de diciembre de 2020, la Defensoría del Pueblo inició conversaciones con los dirigentes de las comunidades Ngäbe Buglé, para establecer una mesa de diálogo y a su vez se les solicitó disminuir las acciones que puedan afectar a terceros, a fin de llevar una negociación entre las partes en un clima de paz, en el mes de enero de 2021.

“Rechazamos cualquier ataque a una planta de generación eléctrica que no solo pone en riesgo la vida de sus colaboradores, sino que también afecta a los 4 millones de panameños que vivimos en la República de Panamá”, señaló el Defensor del Pueblo.

Leblanc González, lamentó esta grave situación en donde colaboradores de la planta que se encontraban realizando sus funciones, hayan tenido que refugiarse en áreas de bosques cercanos a la planta, porque temían por sus vidas. Agregó, que la Defensoría se ha mantenido garante de la paz y mediador ante los conflictos; por ello, no puede aprobar, ni endosar actos que van en contra de las leyes penales.

También se dio a conocer que la Defensoría del Pueblo se reunió el día de ayer con personal de AES y autoridades de gobierno, en donde se abordaron cada uno de los temas y peticiones de las comunidades. En dicha reunión se informó que se han invertido cerca 88 millones de dólares y que alrededor de 517 familias han sido indemnizadas. De igual forma, la Defensoría solicitó constancia a la empresa para verificar si lo indemnizado corresponde a cabalidad con los acuerdos y finiquitos firmados por la comunidad.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, serían los mediadores en el conflicto con el Estado Panameño, las comunidades Ngäbe Buglé afectadas: Charco la Pava, Valle Rey, Guayabal, Chang Arriba afectadas y la empresa AES Corporation, por la existencia de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los acuerdos que se logren serán supervisados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en Panamá, la Defensoría del Pueblo, apoyará en su implementación; promoviendo un diálogo de altura y respeto, donde se mantenga una cultura de paz.